Desde 1983, momento de la creación contra natura de la autonomía de Castilla y León, el poder asentado en la capital del Pisuerga esgrimió sus peores pretensiones para nuestras juntas vecinales y los concejos abiertos que, como es notorio, han fraguado parte de la identidad y conciencia leonesa. Desde la Junta nunca han querido comprender esta realidad palpable. Se empeñan en adulterar nuestra historia y reescribir una nueva al dictado avieso de la Fundación Villalar. Más recientemente, el devastador anteproyecto de Ley de Montes transita con determinación por idénticos derroteros. Esta Ley intervencionista que la Consejería de Medio Ambiente suprimiría los legítimos derechos de las pedanías que durante siglos han venido administrando sus montes en beneficio de los vecinos. Estos bienes de utilidad pública ayudaron, y aún hoy lo siguen haciendo, a salir adelante a la entidad y a los empadronados más humildes. Con las disposiciones usurpadoras que el rodillo de las Cortes de Fuensaldaña persigue imponer, al menos 600.000 hectáreas de superficie forestal colectiva dejarán dé hallarse gobernadas por las juntas vecinales, sus auténticos dueños. Por si fuera poco, el artículo 31 del mencionado anteproyecto de Ley, contempla la descabellada posibilidad de que, llegado el caso, la Junta pueda expropiar cualquiera de los 965 montes comunales leoneses, ignorando de un plumazo la existencia de la vigente normativa de Bases de Régimen Local, los ayuntamientos y la diputación. Es evidente, pues, que la verdadera intención de la Junta no es la protección del espacio rural sino el desapoderamiento de las pedanías, el expolio de los montes leoneses en detrimento de sus ciudadanos y el estrangulamiento económico de los pueblos que subsisten gracias a los recursos logrados a través de la madera, la caza o el pastoreo, prácticamente las únicas fuentes de ingresos para poder supervivir como entidades de ámbito territorial menor al municipio. No cabe duda que estas nuevas iniciativas legisladoras, disfrazadas con piel de cordero de la Junta, vienen, en definitiva, a complementar la beligerante política seguida desde Valladolid para lograr el desvanecimiento progresivo de las 1.288 juntas vecinales asentadas en León, y castellanizar con hechos consumados a la Región Leonesa. Así las cosas, se hace necesario imprimir un vigoroso impulso en la conquista de la Autonomía Leonesa mediante el camino constitucional. Abandonemos la estéril victimología que ha distinguido al leonesismo hasta ahora y frecuentemos el modelo reivindicativo teórico con el pragmático a pie de obra. Para ello no hay más remedio que sacar a los leoneses a la calle. Pacíficamente y si quieren, por supuesto. Todo ideal precisa sacrificios asumibles. Non progredi est regredi; es decir, no avanzar significa retroceder.

Me permitirá el lector, por último, ejercer el inveterado derecho de «licencia poética descontextualizada» que le asiste a todo autor en su obra, para pregonar que por fin los tribunales remolones han hablado ex cátedra como hizo Zaratrusta. Hace unos días la más alta instancia judicial española, o sea, el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado estimando el recurso de amparo 24/02 sobre una cuestión de conculcación de derechos fundamentales y anticonstitucionalidad planteada por este servidor hace un lustro. El fallo, que crea jurisprudencia, ha sido, como era de esperar, favorable a las juiciosas tesis esgrimidas entonces. Aunque tardía, bienvenida sea esta resolución amiga y reparadora de la legalidad vigente que como leonesista y como mero ciudadano me satisface enormemente, además de engrosar el corpus doctrinal. Ser uno de esos escasísimos parroquianos, según las estadísticas no más del dos por ciento de entre los 43 millones de españoles, al que el alto tribunal otorga amparo efectivo y da la razón, resulta grato y provechoso. Ya lo dijo el pensador: la medida del derecho es la utilidad.